Noticias InmobiliariasTSJ deberá decidir sobre IPC cobrado a viviendas
A partir de hoy quedó eliminado el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a los inmuebles, de acuerdo a una resolución que aprobó el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas y que en los próximos días entrará en vigencia en Gaceta Oficial. El titular del despacho, Diosdado Cabello, indicó que el Gobierno busca a través de la medida beneficiar a más de 25.000 familias jóvenes, a quienes le "estaban cortando la posibilidad de obtener una vivienda". Según dijo, los sectores medios son los más perjudicados, sobre todo los jóvenes, los recién casados y profesionales, que estaban haciendo esfuerzos para dar la cuota inicial y de repente sobre el monto inicial le cobraban costos adicionales, basados en el IPC o cualquier otra forma de corrección monetaria. Detalló que la resolución va a permitir además que su despacho actúe legalmente contra las constructoras que no cumplan la medida. Advirtió que a partir de ahora está prohibida la corrección monetaria para "inflar" los precios de los inmuebles. Con respecto al IPC que se cobró, Cabello indicó que "el TSJ tendrá que decidir sobre el fondo, como lo hizo con las cuotas balón".El contenido de la resolución también limita a los constructores disponer de estipulaciones que atenten contra la venta de los inmuebles. Las empresas deberán informar en sus promociones la fecha cierta de culminación de la obra, y en caso de que la protocolización resulte afectada por cualquier motivo imputable, el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas podrá intervenir para solventar dicha irregularidad. Acotó Cabello que su despacho asumirá de manera exclusiva el conocimiento de las denuncias, pudiendo ejecutar inspecciones y averiguaciones administrativas. Agregó que no tiene problemas de reunirse con la Cámara de la Construcción para abordar la medida, con la condición de que sea para beneficiar a la familia venezolana. Adicionalmente, el ministro de Obras Pública informó sobre una resolución que permitirá la revisión, en un lapso de 30 días, de las concesiones de los Puertos, que hasta ahora habían sido administrados por particulares en zonas de seguridad del Estado.
Fuente: Yaneth Fernández/EL UNIVERSAL